¿Una medida para formalizar o para favorecer la minería ilegal?
El ministro de Energía y Minas, Jorge Montero, anunció la cuarta ampliación del Registro Integral de Formalización Minera (Reinfo) hasta diciembre de 2025. La medida ha generado fuertes críticas en el Congreso y entre especialistas, quienes acusan al gobierno de Dina Boluarte de mantener un régimen que ha fracasado en su objetivo de formalizar la minería informal. Desde su creación en 2016, solo el 2,4% de los más de 87 mil inscritos ha logrado formalizarse.
Desde el Parlamento, voces como las de Diana Gonzales y María del Carmen Alva señalaron que esta prórroga alarga la informalidad, la contaminación ambiental y el conflicto social. Consideran que el Ejecutivo ha preferido “patear el problema” en lugar de impulsar una nueva reforma. Además, criticaron la escasa participación del gobierno en los debates sobre la formalización minera.
El abogado ambientalista César Ipenza calificó la decisión como una muestra de «facilismo y complicidad», señalando que el Ministerio de Energía y Minas mantiene una postura complaciente frente a intereses gremiales. Cuestionó también la polémica disposición que permitía heredar el Reinfo, luego retirada, y la cercanía del director de Formalización Minera con organizaciones del sector.
Pese a las críticas, el ministro Montero justificó la ampliación alegando que no se ha aprobado una nueva ley de formalización minera en el Congreso. Mientras tanto, persiste la duda sobre si esta prórroga busca concluir el proceso pendiente o si responde a presiones políticas y económicas que impiden afrontar de raíz uno de los problemas más graves del país.